Contenedores de Basura y «Policías Acostados» Bajo Escrutinio Legal, con Incidentes Documentados en Videos y Denuncias de Muertes
Santo Domingo Este, 10 de noviembre de 2025. La madrugada de este lunes registró un nuevo accidente vial en la calle Lucerna, sector Los Frailes, donde un automóvil colisionó frontalmente contra un contenedor de basura metálico fijo, causando daños materiales superiores a RD$400,000 y lesiones leves al conductor, un hombre de 42 años que regresaba de su turno laboral. El suceso, ocurrido alrededor de las 3:15 a.m., fue documentado en videos circulados por testigos en redes sociales, capturando el impacto y la respuesta inmediata de unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), que levantó el acta correspondiente y acordonó la zona.
Este contenedor forma parte del programa municipal implementado por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) desde marzo de 2025, mediante empresas contratadas, para que «la basura no se vea» con más de 150 unidades en avenidas y calles.
Aunque este incidente se suma a reportes previos de riesgos potenciales por la ubicación de estos artefactos, especialmente en condiciones de baja visibilidad nocturna, no es un caso aislado.
A finales de octubre, en el sector Tres Brazos, un motorista protagonizó un choque similar contra otro contenedor del mismo sistema, quedando atrapado bajo la estructura con fracturas múltiples y trauma craneal que lo llevaron al borde de la muerte.
Videos del rescate, compartidos ampliamente en plataformas digitales, muestran la intervención de bomberos y ambulancias que lo trasladaron de urgencia al Hospital Moscoso Puello, donde se estabilizó tras horas en cuidados intensivos.
Estos dos eventos, capturados en grabaciones que evidencian la ausencia aparente de señalización reflectante, ilustran patrones recurrentes en el municipio.
Más allá de estos casos documentados, residentes y organizaciones viales reportan numerosos accidentes no formalizados relacionados con contenedores de basura, muchos de ellos denunciados en videos virales que circulan en redes sociales desde la instalación del programa. Estos incidentes menores, como roces o colisiones laterales, se atribuyen a obstrucciones en carriles y falta de iluminación, aunque la ASDE ha sostenido en comunicados que no existen reportes oficiales de accidentes mayores hasta la fecha. La normativa aplicable, sin embargo, obliga a una evaluación rigurosa de riesgos de la Ley 63-17 de Movilidad y Tránsito prohíbe obstáculos en vías públicas sin autorización de DIGESETT o el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y su incumplimiento genera responsabilidad civil por negligencia.
Este panorama se agrava con otro elemento controvertido en Santo Domingo Este: los reductores de velocidad conocidos como «policías acostados», instalados por la Alcaldía en calles y avenidas como la Carretera Mella desde marzo de 2025. Estos dispositivos, diseñados para moderar la marcha y prevenir colisiones, han sido calificados como ilegales y abusivos por conductores y expertos en tránsito debido a su construcción sin estudios técnicos adecuados ni señalización normativa, lo que genera daños vehiculares prematuros y taponamientos.
Denuncias formales ante DIGESETT e INTRANT han documentado al menos dos accidentes graves con consecuencias fatales en 2025: uno en septiembre, donde un peatón falleció al ser arrollado por un vehículo que evadió un reductor mal marcado en la avenida San Vicente de Paúl, y otro en abril, en el que un motorista perdió la vida tras perder el control al impactar contra un «policía acostado» sin advertencia reflectante en el sector Los Mina. Videos de estos siniestros, junto con actas policiales, respaldan las quejas de residentes, quienes exigen remociones y compensaciones bajo el Código Civil.
La responsabilidad por estos incidentes recae en el Código Civil dominicano y la Ley 63-17.
Artículos imponen reparación de daños por culpa o negligencia, aplicable a la colocación defectuosa de contenedores o reductores que obstruyan o desestabilicen el tránsito u otro artículo 1384 presume culpa por el «hecho de la cosa inanimada», extendiéndose a objetos municipales como estos artefactos si su estado o posición causa perjuicio.
En casos fatales, como los mencionados, se activa la vía penal por homicidio culposo, con indemnizaciones que cubren daño emergente (reparaciones o gastos médicos), lucro cesante (pérdidas económicas) y daño moral (sufrimiento de víctimas o familiares).
Para las afectadas, el procedimiento es estandarizado: iniciar con un reclamo administrativo a la Dirección de Aseo Urbano o Obras Públicas de la ASDE, adjuntando videos, actas de DIGESETT y peritajes.
Si no hay respuesta en 30 días, demandar por daños y perjuicios en el Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Este, con prescripción de tres años. Pólizas de seguro con cobertura ARCA permiten subrogación, recuperando costos más intereses.
La Defensoría Pública ofrece asistencia gratuita para fortalecer estas acciones, especialmente en incidentes con videos como prueba irrefutable.
Estos accidentes documentados y las denuncias acumuladas subrayan la urgencia de auditorías independientes por parte de INTRANT para verificar permisos y señalización en contenedores y «policías acostados». Mientras la ASDE defiende estas medidas como paliativos a la velocidad excesiva y la acumulación de residuos, la evidencia visual y legal apunta a la necesidad de cumplimiento estricto para evitar más tragedias en un municipio donde el tránsito ya es un desafío diario.
Por Multimedios LZO.
